Informe internacional señala crímenes de lesa humanidad en gobierno de Bukele

El gobierno de Bukele fue señalado por detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura, asesinatos y violencia sexual.

A pesar de que el gobierno de El Salvador, encabezado por Nayib Bukele, ha sido retomado por figuras de derecha como ejemplo de combate eficiente a la delincuencia organizada, un informe presentado por juristas internacionales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lo señala de haber cometido crímenes de lesa humanidad.

El documento, titulado El Salvador en la encrucijada: Crímenes de lesa humanidad en el marco de la política de seguridad pública, concluye que existen “bases razonables” para creer que, en el contexto de la estrategia de seguridad contra las pandillas, se han cometido violaciones sistemáticas de derechos humanos.

Informe señala crímenes de lesa humanidad con Bukele

El informe fue elaborado por el Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador (Gipes) y presentado durante una audiencia pública celebrada en Guatemala.

De acuerdo con los especialistas, los casos documentados encajan en la definición de crímenes contra la humanidad establecida en el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI).

Entre las violaciones registradas se incluyen detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura, asesinatos, violencia sexual y persecución contra la población civil. Los expertos sostienen que estas prácticas formarían parte de una política de actuación policial y militar conocida e incluso promovida por altos niveles del gobierno salvadoreño.

El informe señala que más de 89 mil personas han sido detenidas durante la vigencia del régimen de excepción, muchas de ellas sin el debido proceso.

Además, hasta agosto de 2025 se habían documentado 403 muertes bajo custodia estatal, entre ellas cuatro menores de edad, y al menos 540 casos de desaparición forzada registrados hasta febrero de ese mismo año.

Según el experto del Gipes José Guevara, “las cifras hablan por sí solas: no se trata de casos aislados, sino de una política en la que se cometen crímenes a gran escala y de manera sistemática”.

Gobierno de Bukele rechaza acusaciones

Durante la audiencia, organizaciones de derechos humanos respaldaron los hallazgos del informe.

Leonor Arteaga, de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), afirmó que aunque El Salvador ha sido presentado como un caso exitoso en la reducción de la criminalidad, ese resultado ha tenido altos costos para la población.

“Detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, violaciones masivas al debido proceso y actos de tortura se han convertido en prácticas sistemáticas en el país”, advirtió.

El documento también sostiene que el contexto institucional que permitió estas violaciones comenzó a consolidarse en 2021, cuando la Asamblea Legislativa dominada por el oficialismo destituyó a magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general, lo que debilitó los contrapesos institucionales.

Por su parte, el gobierno salvadoreño ha rechazado las acusaciones. El defensor del pueblo, René Escobar, aseguró que el Estado niega la existencia de una política de desapariciones forzadas, tortura o ejecuciones arbitrarias.

El Ejecutivo también defiende el régimen de excepción al señalar que los homicidios en el país han disminuido más de 90 por ciento desde que Bukele asumió la presidencia, lo que presenta como evidencia del éxito de su política de seguridad.