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Diputados avalan Ley de Amparo con nuevo transitorio sobre retroactividad. ¿Qué dice?
- paulette solano
- 15 oct
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La Cámara de Diputados aprobó esta madrugada la reforma a la Ley de Amparo, con cambios al artículo tercero transitorio que aclaran cómo se aplicarán las nuevas disposiciones a los juicios en curso. Las reglas sólo regirán actuaciones futuras, sin afectar derechos adquiridos ni resoluciones previas.
El artículo transitorio avalado establece que las etapas concluidas seguirán rigiéndose por las normas vigentes al inicio de cada proceso, mientras que las actuaciones posteriores a la entrada en vigor del decreto se ajustarán a la nueva Ley, en línea con la doctrina y jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“Al tratarse de una Ley procesal, las etapas procesales concluidas que generen derechos adquiridos a las partes se regirán por las disposiciones legales vigentes al inicio de los procesos respectivos. Por lo que hace a las actuaciones procesales posteriores a la entrada en vigor del presente decreto, de conformidad con la doctrina y jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación [SCJN], se regirán por las disposiciones de este decreto, sin que implique aplicación retroactiva ni afectación a derechos adquiridos, pues se trata de actuaciones futuras”, se lee en el texto aprobado, según el comunicado emitido por la Cámara Baja.
El dictamen, impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, también modifica el Código Fiscal de la Federación (CFF) y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). Ahora será devuelto al Senado para su revisión final.
El pleno votó 322 a favor, 128 en contra y tres abstenciones, entre ellas las de la Ministra en retiro Olga Sánchez Cordero y dos diputados del Partido del Trabajo (PT). La sesión se prolongó hasta después de la una de la mañana y estuvo marcada por un intenso debate sobre la posible retroactividad de la norma.
El Diputado morenista Hugo Eric Flores Cervantes, presidente de la Comisión Jurisdiccional, explicó que la redacción aprobada aclara la vigencia temporal: las etapas concluidas seguirán bajo las disposiciones previas, mientras que las actuaciones futuras se regirán por la nueva Ley.
“El verdadero espíritu de esta iniciativa es uno, lo quieran o no reconocer: limitar el uso indiscriminado de la figura del juicio de amparo en contra del interés general”, señaló Flores Cervantes.
Reforma con enfoque fiscal y anticorrupción
El coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, afirmó que la reforma busca evitar que los grandes contribuyentes evadan el pago de impuestos mediante amparos prolongados.
Dijo que actualmente existen más de dos mil créditos fiscales impugnados por empresarios y despachos que han logrado aplazar sus pagos durante más de una década.
Monreal Ávila precisó que el promedio para hacer pagar estos recursos que son del pueblo, tardan "entre 16 y 22 años, para ser exigible un deber ciudadano, una responsabilidad como contribuyente y un pago al erario por sus ganancias y sus utilidades”.
Monreal destacó que, con las nuevas reglas, los amparos relacionados con créditos fiscales firmes sólo surtirán efecto si el interés fiscal está garantizado mediante un billete de depósito o una carta de crédito emitida por una institución autorizada.
También explicó que la reforma busca impedir que personas con cuentas bloqueadas por presunto lavado de dinero liberen los fondos y los transfieran al extranjero mediante recursos judiciales: "Ahora tendrán que garantizar los montos para que el dinero no desaparezca”.
Oposición acusa retroactividad encubierta
A su vez, los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Instituciona (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) rechazaron la reforma al considerar que mantiene un riesgo de retroactividad y amplía la discrecionalidad del Estado.
La panista Paulina Rubio Fernández advirtió que, con el artículo transitorio, “otra vez se está abriendo la puerta grande para hacer negocio con la justicia; se está quitando la posibilidad del interés legítimo”. Mientras que el priista Emilio Suárez Licona aseguró que la reserva busca introducir una fórmula que abre la puerta a la aplicación inmediata del nuevo régimen procesal en etapas posteriores de los juicios en curso.
“El principio de retroactividad de la Ley, consagrado a nivel constitucional, prohíbe que una Ley nueva afecte directa o indirectamente situaciones jurídicas prexistentes”, sostuvo.
En respuesta, el petista Ricardo Mejía Berdeja defendió la redacción final armoniza miles de asuntos en trámite con el nuevo marco jurídico, evita contradicciones y resoluciones dispares: “No es retroactiva, no toca lo ya decidido ni los derechos nacidos, sólo rige actos futuros; el justiciable conserva su acción, su defensa y sus recursos, no suprime la suspensión”.
El documento será turnado nuevamente al Senado, que deberá analizar los cambios y determinar su aprobación final. La Mesa Directiva de San Lázaro citó la siguiente sesión para este miércoles 15 de octubre a las 11:00 horas, en modalidad semipresencial.
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