La meteórica carrera de un saqueador de Pemex (dice la FGR), con Fox, Calderón y Peña
- Redacción/Patriotas Informados
- 16 ago
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A Carlos Treviño Morales le espera rendir cuentas en México luego de que, tras ser detenido en Estados Unidos, sea deportado a territorio nacional, donde deberá enfrentar una investigación penal por actos de corrupción, derivado de las declaraciones de Emilio Lozoya Austin, también exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien lo señaló de recibir millonarios sobornos para aprobar la Reforma Energética durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Se trata de un exfuncionario que, al igual que muchos del prianismo, particularmente de los periodos de Calderón y Peña Nieto, lleva sobre sus hombros severos señalamientos de corrupción. Su carrera política y administrativa se forjó tanto en gobiernos del Partido Acción Nacional (PAN) como del Partido Revolucionario Institucional (PRI), iniciando en la administración de Vicente Fox Quesada, ascendiendo puestos durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y alcanzando su cúspide en la función pública en el periodo de Peña Nieto, al estar a cargo de la Dirección General de Pemex.
Treviño Morales es señalado como una de las piezas clave en las tramas de corrupción que rodearon a la paraestatal, particularmente por su presunta participación en el caso de la planta Etileno XXI, operada por Braskem, filial de Odebrecht. Las investigaciones en su contra comenzaron en 2020, cuando Lozoya Austin, meses después de ser detenido en Málaga, España, y tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), declaró que Treviño habría operado contratos y sobornos a favor de la filial brasileña.
Además, Lozoya lo acusó de haber recibido cuatro millones de pesos para mantener vigente el convenio de la planta. Pero, cuando las autoridades quisieron imputarlo los cargos, no pudieron hacerlo, ya que huyó y permaneció prófugo por poco más de tres años y medio.
Fue la propia Presidenta Claudia Sheinbaum quien informó, en la conferencia matutina de este jueves, sobre la captura de Treviño, asegurando que sería deportado a México para enfrentar un juicio por actos de corrupción.
“Ahora, el día de ayer se detuvo a un exdirector de Pemex que era parte de las alertas que existían y es bueno. Lo van a deportar y ya será juzgado aquí en México por temas de corrupción”, detalló la Jefa del Ejecutivo federal.
También dijo: “Finalmente se encuentra y va a ser deportado en los próximos días y tiene que llevar su juicio en México”, y confirmó que los señalamientos en su contra están relacionados con sobornos, incluyendo denuncias presentadas por Emilio Lozoya, exdirector de Pemex en el sexenio de Peña Nieto.
No obstante, Óscar Zamudio, abogado de Carlos Treviño, aseguró a diversos medios de comunicación y en una carta emitida a la prensa nacional que su cliente ( Treviño Medina) fue retenido por una supuesta irregularidad migratoria, pero no por una orden judicial. El abogado afirmó que la Interpol ya había dado de baja desde 2023 la ficha roja contra Treviño.
“Es un tema migratorio. Porque hay que recordar que no tiene ficha roja, se dio de baja por Interpol al analizar la solicitud y concluir que era infundada”, dijo el abogado al diario Milenio.
La captura y el proceso de Treviño se destaca, y ha cobrado especial relevancia, dado a que se trata de un funcionario que nació en los gobiernos neoliberadores del PAN y del PRI. Su trayectoria comenzó casi desde el arranque de la administración de Vicente Fox, entre 2001 y febrero de 2003, donde fungió como Director General de Planeación Estratégica en la Comisión de Crecimiento con Calidad, dentro de la Oficina de Planeación Estratégica y Desarrollo Regional de la Presidencia de la República. Tras un año en la consultoría privada regresó al Gobierno en 2004 como asesor de la Oficina de la Presidencia para la Innovación Gubernamental.
En 2005 fue Oficial Mayor en la Secretaría de Energía y también en la Secretaría de Economía, entonces encabezada por Eduardo Sojo Garza-Aldape.
Durante el sexenio de Felipe Calderón, impulsado por figuras como Ernesto Cordero Arroyo y Gerardo Ruiz Mateos, Treviño ocupó entre noviembre de 2006 y febrero de 2010 el cargo de Director General de Programación y Presupuesto “B” en la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), cuando Cordero era subsecretario.
Más tarde, bajo la titularidad de Agustín Carstens, se desempeñó como director general en la SHCP, hasta que en 2010 fue nombrado Director Corporativo de Finanzas de Pemex.
En el último tramo del sexenio calderonista volvió a la SHCP como subsecretario. Posteriormente, ya con Peña Nieto en la Presidencia, ocupó diversos cargos de alto nivel: Director Corporativo de Administración de Pemex (febrero de 2016 a diciembre de 2017), Director de Finanzas del Instituto Mexicano del Seguro Social (febrero de 2014 a enero de 2016) y Director General de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, antes de su regreso a Pemex. Finalmente, entre noviembre de 2017 y noviembre de 2018, encabezó la Dirección General de la petrolera.
Las acusaciones que enfrenta provienen de las declaraciones de Emilio Lozoya ante la FGR, luego de que este llegara a un acuerdo con la Fiscalía meses después de su detención en España. Lozoya señaló que Treviño habría recibido sobornos relacionados con el contrato de la planta Etileno XXI, parte del esquema de corrupción atribuido a Odebrecht.
El 11 de agosto de 2020, Lozoya interpuso una denuncia contra 17 actores políticos de gobiernos anteriores, entre ellos Treviño. En la denuncia, Lozoya aseveró que en 2013 Luis Alberto de Meneses Weyll, exdirectivo de Odebrecht en México, le comentó que Treviño fue uno de los funcionarios que ayudó a los brasileños a conseguir el contrato de la planta Etileno XXI a Braskem. Asimismo, indicó que en septiembre de 2014 se enviaron cuatro millones de dólares en efectivo a Treviño como pago por la adjudicación y para mantener inamovibles las condiciones del convenio, acusaciones que el exfuncionario rechazó.
Lozoya mencionó que "quienes al parecer habían ayudado a operar dicho contrato en administración panista fueron Carlos Treviño Medina, José Antonio González Anaya y otros ejecutivos de Pemex, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como Ernesto Cordero y José Antonio Meade en su calidad de titular de la Secretaría de Energía (Sener)".
A las acusaciones de Lozoya se suma el testimonio de Norberto Gallardo, exjefe de escoltas del exdirector de Pemex, quien declaró ante la FGR que entregó personalmente cuatro millones de pesos a Treviño en Tecamachalco, Estado de México, como parte de los mismos sobornos presuntamente pactados con Odebrecht.
El exfuncionario se encontraba sustraído de la justicia desde el año 2021, cuando la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR), emitió una ficha roja para su localización y captura, luego de que Treviño no se presentó el 7 de septiembre de ese año a la audiencia inicial en la que sería imputado por los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por el caso de Etileno XXI.
Sin embargo, Treviño no acudió a la audiencia y envió un oficio para comunicar que no se presentaría ante el Juez del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, argumentando que estaba pendiente de resolver un amparo. Durante esa audiencia, en la que le habrían de fincar los cargos en su contra, la defensa presentó un escrito en el que alegó que no existían condiciones de legalidad ni de seguridad jurídica para garantizar un juicio justo. Sin embargo, el diario Milenio ya había revelado ese mismo día que el exfuncionario había salido de México rumbo a Estados Unidos el 6 de septiembre, un día antes de que la Fiscalía lo acusara formalmente.
Posteriormente, en noviembre de ese año, un juez federal dictó una orden de aprehensión en contra de Carlos Treviño, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), por no comparecer en la audiencia en donde sería imputado por los supuestos delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero en el caso de la planta de Etileno XXI.
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