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Revelan avances del caso Ayotzinapa; presentan nuevas líneas de investigación
A 12 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó nuevas líneas de investigación que ponen especial atención en los teléfonos celulares de los normalistas y en las personas que utilizaron algunos de estos dispositivos después de la noche del 26 de septiembre de 2014.
Durante una conferencia de prensa, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Arturo Medina Padilla, sostuvo que desde el inicio de la administración de Claudia Sheinbaum el caso ha sido considerado una prioridad y que las investigaciones deben continuar con todos los recursos y capacidades del Estado.
El funcionario explicó que la instrucción no fue comenzar nuevamente desde cero, sino revisar lo que ya se había investigado con un enfoque “fresco y renovado”, incorporando nuevas tecnologías, profundizando en la información disponible y manteniendo abiertas las líneas de investigación existentes.
De acuerdo con Medina, este proceso ha permitido obtener información adicional sobre lo ocurrido con los estudiantes y avanzar en la identificación de personas que podrían tener información relevante para esclarecer la desaparición.
Entre los trabajos realizados se encuentran el análisis de registros telefónicos correspondientes a la noche de los hechos y los días posteriores y el seguimiento al uso posterior de teléfonos pertenecientes a algunos de los normalistas.
También contempla la investigación de posibles vínculos entre integrantes de la delincuencia organizada y servidores públicos; la identificación de personas que anteriormente no habían sido investigadas, así como la solicitud y ejecución de órdenes de aprehensión.
Además, se han utilizado estos elementos para orientar nuevas acciones de búsqueda en territorio.
FGR digitaliza millones de documentos del caso Ayotzinapa
Otro de los avances presentados corresponde a la digitalización y sistematización del expediente. La FGR trabaja actualmente con alrededor de 5 millones de fojas distribuidas en 3 mil tomos y, según lo informado por las autoridades, el proceso registra un avance cercano al 90 por ciento.
La intención es ordenar, vincular y analizar de manera conjunta la enorme cantidad de información acumulada durante los 12 años de investigación.
Medina aclaró que esta herramienta no sustituye el trabajo de los investigadores, pero sí permite consultar los datos de una manera más amplia y detectar posibles conexiones entre documentos, personas, llamadas, lugares y fechas.
Por su parte, el fiscal especial para el caso Ayotzinapa, Mauricio Pazarán, detalló que las nuevas indagatorias incluyen cateos, aseguramiento de inmuebles, intervención de comunicaciones, ejecución de órdenes de aprehensión y solicitudes de datos conservados.
También se han realizado extracciones de información de dispositivos electrónicos, análisis de sábanas telefónicas, reconocimientos aéreos, estudios geográficos e históricos y búsquedas de indicios en campo.
Uno de los resultados del nuevo análisis de llamadas fue la identificación de 17 personas que ahora forman parte de las líneas de investigación, así como la reconstrucción de vínculos entre ellas durante las horas consideradas críticas para la desaparición de los estudiantes.
Según Pazarán, las comunicaciones analizadas permitieron reconstruir una red de relaciones que involucraría a integrantes de la delincuencia organizada, policías municipales y estatales, servidores públicos y personas vinculadas con establecimientos y funerarias.
Los celulares de los normalistas y la barandilla de Iguala
Uno de los principales puntos expuestos por la FGR fue el uso posterior de teléfonos celulares pertenecientes a los estudiantes desaparecidos.
El primer caso corresponde al dispositivo de Jorge Antonio Tizapa Legideño. De acuerdo con la investigación presentada por Pazarán, el teléfono fue utilizado entre el 23 y el 25 de octubre de 2014 por Mauro N, un exservidor público de Iguala.
La autoridad señaló que se trata de un periodo cercano a un mes después de la desaparición del estudiante.
Mauro N fue detenido en marzo de 2026 y posteriormente, el 25 de agosto, una jueza de distrito otorgó una orden de aprehensión en su contra por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada.
Las autoridades señalaron que las indagatorias continúan para determinar qué otras personas pudieron haber utilizado posteriormente el dispositivo.
Otro de los teléfonos analizados pertenecía a Jorge Aníbal Cruz Mendoza. Según la información presentada, el aparato fue utilizado el 30 de septiembre de 2014 por un policía municipal de Iguala que se encontraba en funciones durante la noche de los hechos.
Posteriormente, el teléfono habría sido utilizado por la pareja sentimental del agente.
Para la Fiscalía, este hallazgo resulta relevante porque el análisis del dispositivo permite establecer conexiones entre personas, lugares y momentos relacionados con la investigación.
Pazarán señaló que las pruebas recabadas hasta ahora indican que el policía municipal tuvo actividad durante aquella noche y que se investiga si pudo haber participado en la detención y posterior desaparición de los estudiantes.
Un tercer caso corresponde al teléfono de Israel Caballero Sánchez, cuyo dispositivo fue utilizado después de su desaparición por la esposa de un exservidor público municipal que estaba adscrito a la barandilla de Iguala.
Este hallazgo reforzó para la Fiscalía una de las líneas relacionadas con el posible traslado de algunos normalistas a las instalaciones de la Policía de Iguala.
La información también es relevante porque contradice, de acuerdo con la FGR, las declaraciones de José Ulises Bernabé García, quien se desempeñaba como juez de barandilla y sostuvo que la noche de los hechos únicamente seis personas detenidas habían ingresado al lugar y que ninguna era estudiante.
La Fiscalía indicó que existen siete declaraciones que apuntan a la presencia de normalistas en la comandancia: cuatro corresponden a policías municipales, dos a integrantes de Guerreros Unidos y una a un sobreviviente.
De acuerdo con Pazarán, algunos testimonios ubican a aproximadamente 17 estudiantes en la comandancia municipal de Iguala antes de que fueran trasladados a un destino que hasta ahora se desconoce.
Bernabé García cuenta actualmente con una orden de aprehensión vigente por desaparición forzada. El exjuez ingresó de manera irregular a Estados Unidos en 2015 y posteriormente obtuvo asilo en ese país.
Las autoridades mexicanas mantienen un procedimiento para solicitar su extradición.
Para la Fiscalía, su comparecencia ante la justicia mexicana es relevante para esclarecer qué ocurrió en la barandilla aquella noche, quién pudo haber recibido a los estudiantes y cuál fue su destino posterior.
A 12 años, las familias mantienen exigencia de justicia
La presentación de estos avances ocurrió después de las movilizaciones realizadas el 26 de septiembre de 2026, cuando madres y padres de los normalistas, activistas y organizaciones civiles recordaron los 12 años de la desaparición.
Durante las protestas en Guerrero, Ciudad de México y otras ciudades, las familias exigieron nuevamente conocer el paradero de los estudiantes y solicitaron el regreso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), cuyos integrantes participaron durante años en la investigación.
Las familias también reconocieron algunos avances de las investigaciones actuales, aunque insistieron en que todavía no existe una respuesta sobre el paradero de los 43.
“¿Por qué se los llevaron? ¿Dónde están los 43?”, planteó una de las madres durante la jornada de movilización.
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